Algunos antecedentes político-económicos de la Ley de Emprendimiento en Colombia

EL 03/13/2013

"Desde el comienzo puede asegurarse el fin" Marco Fabio Quintiliano

"Desde el comienzo puede asegurarse el fin" Marco Fabio Quintiliano

Ya desde 1970 el Estado Colombiano, hacía referencia a la creación de nuevas empresas como una herramienta para el desarrollo económico. Las propuestas en emprendimiento se venían estableciendo, principalmente, como generadoras de ingresos en las poblaciones con menores índices de desarrollo humano.

Finalizando el año 1999, aparecen programas de emprendimiento de forma más específica, debido a que Colombia presentaba la mayor tasa de desempleo de las últimas décadas, situación que afectó principalmente a los jóvenes profesionales en todo el país y como respuesta a esta situación, el Gobierno a través del Ministerio de Comercio Exterior, estructura, en el marco del Plan Estratégico Exportador 1999–2009, el programa “Jóvenes Emprendedores Exportadores”.

Este programa tuvo como objeto principal “facilitarle las herramientas necesarias para crear empresas exportadoras a los jóvenes egresados de instituciones de educación superior”. Inicialmente, el programa fue diseñado con un límite de edad de 28 años y dirigido exclusivamente a profesionales o estudiantes de carreras universitarias, y en el año 2000 se extendieron los beneficios a personas de hasta los 35 años, que fueran estudiantes o egresados de carreras de educación superior, incluidas instituciones técnicas o tecnológicas.

Fueron entonces dos programas los que hicieron parte del génesis de la política pública de emprendimiento: El programa “Jóvenes Emprendedores Exportadores” del Ministerio de Comercio Exterior, lanzado en conjunto con “Colombia Joven” en la Primera Feria Juvenil para el empleo “Expocamello 1999”, y el programa de Incubadoras de Empresas de base tecnológica del SENA, lanzado en el año 2000.

Con la llegada del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, comienza una nueva etapa para el desarrollo del emprendimiento en Colombia. Dicho Gobierno Nacional dio paso a lo que se denominó las siete (7) herramientas para la Equidad, donde “la construcción de un país de propietarios” fue una sus banderas de desarrollo.entrepreneurs1

Para el adelanto de estas herramientas de equidad, el entonces Gobierno Nacional y su reforma administrativa, determinaron fusionar varios Ministerios, entre ellos el de Desarrollo Económico y Comercio Exterior, convirtiéndolo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De esta manera, se le otorgó a este Ministerio la responsabilidad de: “formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa; el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología; la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior” Decreto 210 de 2003, Articulo 1.

En procura de la construcción de un país de propietarios, fueron varias las iniciativas que se emprendieron, siendo una de las más relevantes la creación del Fondo Emprender en cabeza del SENA en el año 2002. Con éste nuevo fondo, se propuso la creación de un instrumento de financiación para nuevas empresas, orientado a aquellas personas que siendo estudiantes de educación superior (universitaria, técnica y tecnológica) o recién egresados, presentaran un plan de negocio viable para la creación de una empresa.

La reglamentación y operación de este fondo tardó unos años. Sólo hasta el 2005 y después de varias discusiones con el Gobierno Nacional y entidades de control, se abrió la primera convocatoria del Fondo Emprender donde se financiaron 19 proyectos viables en 5 departamentos de Colombia. El avance de este instrumento ha sido formidable: en los primeros 5 años de operación, se realizaron 10 convocatorias nacionales y 50 convocatorias locales (donde gobernaciones y alcaldías hacían un aporte). Estas convocatorias, sumadas al entusiasmo emprendedor de miles de colombianos, permitió la financiación de 2.345 empresas y la asignación de 135 mil millones de pesos. Esta experiencia del Fondo Emprender ha sido aplicada en países latinoamericanos como Uruguay y Chile, y reconocida como buena práctica por parte de países centroamericanos.

La puesta en operación del Fondo Emprender, administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo FONADE, dio pie a la instalación de las Unidades de Emprendimiento en todo el territorio nacional. Esto se debió a que los emprendedores debían presentarse a las convocatorias con el acompañamiento de una entidad especializada que les otorgara asesoría. Gracias a esta decisión, se instalaron dichas Unidades de Emprendimiento en todos los centros de formación del SENA (115) e igual número de instituciones de educación superior e incubadoras de empresas.

No obstante estas dos herramientas como el Fondo Emprender y las Unidades de Emprendimiento ya descritas, se implementaron la Cátedra Virtual de Creación de Empresas (en convenio entre el SENA y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), la creación de incubadoras de empresas de base tecnológica, entre otras.

La Rama Legislativa del Estado Colombiano, siendo coherente con el Plan Nacional de Desarrollo y la urgente necesidad de cambio de actitud de los ciudadanos promulgo la Ley 1014 de 2006, de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, con el propósito fundamental de reducir las tasas de desempleo y generar un desarrollo sostenible que involucrara a todos los sectores sociales (Gubernamental, Privado y Sociedad Civil), en una articulación que trascendiera en el ámbito Nacional. Esta Ley se rige por varios principios de formación integral del ser humano: Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, ambiental y regional.

En el presente Gobierno gracias al liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se establecen en las bases del Plan Nacional de Desarrollo –PND “Prosperidad para todos 2010 - 2014” (capítulo III, Crecimiento Sostenible y Competitividad, página 49 y siguientes.) ambiciosos objetivos en materia de desarrollo económico y empresarial; uno de ellos lograr un crecimiento del 6 por ciento o más de manera sostenida y sostenible, social y ambientalmente. Dicho PND, anota que para lograrlo se requiere avanzar en tres ejes fundamentales: La innovación; La política de competitividad y de mejoramiento de la productividad; y La dinamización de sectores “locomotora”, que a través de su impacto directo e indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo.

El Gobierno Colombiano ve en la innovación una herramienta trascendental para el desarrollo económico y social, otorgándole la mayor relevancia, al considerar la innovación como un “símbolo de nuestra visión de futuro, nuestra apuesta hacia un mayor desarrollo, y nuestra firme ambición de competir a la par con países de mayores ingresos en los mercados internacionales, tanto con bienes y servicios de alto valor agregado, como a través de la generación de nuevas tecnologías y conocimiento”.

Considerando entonces que para lograr este objetivo, es necesario promover la innovación para la prosperidad, en la cual se definen cuatro componentes fundamentales: Conocimiento e innovación; Emprendimiento empresarial; Propiedad intelectual, instrumento de innovación y Promoción, y protección de la competencia en los mercados.

Con todo, por primera vez aparece de forma evidente el emprendimiento empresarial en los componentes de desarrollo económico y empresarial del Estado. Éste se constituye en un mensaje de política pública fundamental, donde se orienta al emprendedor empresarial a priorizar sus actividades hacia aquello que genere desarrollo económico y empresarial, es decir, hacia el emprendimiento por oportunidad, innovación y a un alto potencial de crecimiento, ya que existe una POLITICA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO con Ley propia y reglamentada.